Conjunto de viviendas sociales diseñadas por Benedetta Tagliablue
Uno de cada cuatro hogares catalanes habrá percibido en el 2010 una ayuda pública para facilitar a sus moradores el acceso a la vivienda o el mantenimiento de ella, si se cumple con los compromisos del Pacte Nacional per l’Habitatge, firmado en el Palau de la Generalitat el pasado 8 de octubre. Para dialogar sobre este acuerdo y sus implicaciones, el pasado día 17 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA reunió en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a un grupo de expertos y representantes del sector. Asistieron a la convocatoria Jordi Ludevid, decano de la institución que acogía este acto; Carme Trilla, secretaria de Vivienda de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge; Enric Reyna, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Barcelona (APCE) y Ferran Julián, presidente de la Associació de Promotors
Públics d’Habitatge i Sòl (AVS) Antoni Sorolla, delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona; Josep Maria Gual, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques, y Pere Esteve, presidente de la Federació de Cooperatives d’Habitatge fueron los otros participantes que completaron esta mesa redonda. El encuentro se inició poniendo los puntos sobre las íes y aclarando cuáles son los límites del Pacte Nacional per l’Habitatge y cuál es su relación con la ley por el derecho a la vivienda, de próxima aprobación en el Parlament.
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